Los casos de corrupción, especulación financiera e inmobiliaria, desastres medioambientales, y la falta de veracidad de la publicidad, entre otros, han sensibilizado a la sociedad de la importancia de que las organizaciones procedan conforme a unos principios y valores éticos.

Existe una permisividad en este tema, sobre todo en ambientes en que los partícipes entienden que las reglas del juego no están muy claras y que si no recurren a éstas prácticas es imposible realizar una actividad comercial o conseguir contratos.

La corrupción no siempre es un acto ilegal. Cuando la legislación de un país no tiene un determinado acto de corrupción tipificado como delito, el mismo podrá ser moralmente reprensible pero no jurídicamente punible.

La palabra corrupción ya forma parte cotidiana de nuestra sociedad, especialmente en la política y la empresa. Por desgracia lleva tiempo con nosotros y no parece que quiera abandonarnos.

Vivimos en un estado constante de infoxicación en materia de corrupción. No somos capaces de asimilar tanta información diaria, que igual que aparece en grandes titulares en las portadas de los diarios, la radio o la televisión, desaparece o queda oculta hasta la celebración de juicio si lo hubiera.

Hemos llegado por desgracia a acostumbrarnos a ver grandes titulares sin poder analizarlos y, de la misma manera, a olvidar y no hacer memoria de los grandiosos atropellos de algunos miembros de la clase política y empresarial, que realizan con graves perjuicios principalmente económicos para la ciudadanía y para la reputación del país.

¿Pero qué es la corrupción?

Según Transparencia Internacional:

“El abuso de un poder otorgado para obtener ganancias privadas”

Según Naciones Unidas:

“Abuso de poder para obtener ganancias privadas”.

Otras definiciones:

“El abuso de una posición de confianza para la obtención de un beneficio deshonesto”.

“La acción y efecto de dar o recibir algo de valor para que alguien haga (o deje de hacer) algo, burlando una regla formal o implícita acerca de lo que debe hacer, en beneficio del que da ese algo de valor o de un tercero”.

Dentro de las formas o prácticas habituales de corrupción podemos distinguir las siguientes:

Soborno, extorsión, cohecho, malversación, fraude, blanqueo de capitales, desfalco, favoritismo, clientelismo, pagos de facilitación, contribuciones políticas dudosas, tráfico de influencias, nepotismo, chantaje…

Los ciudadanos percibimos que la justicia en demasiadas ocasiones no está a la altura de combatir esta plaga. Prescripciones, condenas no ejemplarizantes, etc.

Pero, ¿qué se debe hacer con esas organizaciones que pagan mordidas para quedarse con un buen trozo o el trozo entero de la tarta?, con esas organizaciones que se ponen de acuerdo para amañar contratos, con esos entes que pagan en dinero negro, con esas que prefieren pagar multas que cumplir la legislación vigente.

¿Será el momento de legislar para que estas organizaciones que optan y llevan a cabo contratos con la administración, no puedan poder contratar con las distintas administraciones locales, autonómicas, nacionales y europeas? Y, por ende no perjudicar a los ciudadanos con los sobrecostes por mordidas que aplican o con cualquier otra forma de corrupción, puestos a dedo, etc…

En muchos casos la corrupción sale a cuenta. Unos breves días o meses con pérdida de libertad y después en la mayoría de los casos no aparece o no se devuelve el dinero sustraído.

Asimismo muchas de las organizaciones que en sus estrategias tienen integrada de forma transversal la RSC no pueden competir y participar en igualdad de oportunidades con estas empresas u organizaciones corruptas.

Y otro hecho sangrante es que algunas de las organizaciones que no actúan correctamente son premiadas con reconocimientos o subvenciones en materia de RSC y Sostenibilidad.

Qué mensaje se traslada a la sociedad, cuando quien tiene que liderar la limpieza, la transparencia es quien más la vulnera (clase política y administración).

¿Qué clase de ética perciben los ciudadanos de estas personas que corrompen o se corrompen?

La corrupción genera mucho dinero en B totalmente opaco que acaba en muchos casos en paraísos fiscales, lo cual conlleva una merma muy importante en los ingresos públicos, que implica una mayor carga fiscal de los ciudadanos.

Es triste que las personas que denuncian casos de corrupción, se encuentran con situaciones en las que en vez de ser protegidas por parte de la administración, en ocasiones pierden sus empleos, se pone en duda su reputación y honorabilidad, sufren amenazas en su persona y sus familias y padecen graves problemas de salud.

La Comisión Europea aprobó el 23 de abril de 2018 una propuesta de Directiva de protección del denunciante a nivel comunitario.

La lucha contra la corrupción tiene que ser uno de los ejes principales de la RSC. Establecer códigos éticos de obligado cumplimiento y sistemas de denuncias confidenciales y anónimas en las organizaciones pueden y deben de ser herramientas esenciales. En las organizaciones hay un déficit pedagógico en materia de transparencia y considero que ir más allá de lo que la ley obligue supone una confianza en los grupos de interés y por supuesto en los mercados.

Considero que la transparencia es una de las medidas más eficaces o disuasorias para la buena gestión de muchos de los riesgos de cualquier organización.

Ha sido importante para nuestro país la aprobación de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ha supuesto un gran avance en cuanto a la noción de las actividades públicas y en cuanto a posibles prácticas corruptas en el espacio público y político, pero falta un reglamento de desarrollo. Los ciudadanos debemos de ser más críticos con la falta de información de los poderes públicos, y estos, deben de entender de una forma cristalina que una buena gobernanza supone informar en qué se emplea el dinero público y de qué forma se administra.

Cualquier ciudadano en base a la ley de Transparencia, puede pedir información a las administraciones con una serie de limitaciones. Si se les niega la información pueden acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Pero el incumplimiento de dicha información no da capacidad al Consejo de Transparencia a sancionar, pues carece de competencias sancionadoras. Éste organismo entre sus resoluciones más destacadas de 2019, desluce a la Secretaria General de Presidencia del Gobierno la falta de entrega de información en materia como los costes de celebración de algunos de los consejos de ministros, así como los gastos de las oficinas de los expresidentes de gobierno. Y recuerda el Consejo en esta última resolución que “el objeto de la solicitud de información la constituye dinero público cuyo manejo y destino debe ser conocido por la ciudadanía. Este es uno de los principios que justifican la ley de Transparencia”.

Voy a recordar aquí la frase de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autor de la novela El Gatopardo, “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”

En el último informe de Transparencia Internacional, en cuanto al índice de percepción de la corrupción (IPC), nuestro país se encuentra en el puesto 41 del ranking de los 180 países estudiados. De 2017 a 2018 solo hemos subido un puesto y, en los últimos 6 años, de 2012 a 2018 hemos caído 7 puntos. En Europa estamos en el puesto 20 entre los 28 países europeos.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 hace referencia a la justicia social y en algunas de sus metas se refleja la lucha contra la delincuencia organizada, así como reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas, y la creación de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Todos los ciudadanos podemos y debemos de ser agentes de cambio para el cumplimiento de los ODS.

Reflexionando, la corrupción es una pandemia que afecta al conjunto de países miembros de la comunidad internacional, sean éstos desarrollados o en vías de desarrollo.

No basta con establecer instrumentos que intenten atajar la corrupción si se descuida el origen o la fuente que la genera. En este sentido es importante prevenir la corrupción mediante el fomento de una cultura ética.

Quiero recordar que por supuesto la disminución de la corrupción, pues la eliminación por desgracia no la contemplo, no es fácil y es tan vieja como la vida misma y quiero terminar con el gran especulador corrupto nacido en 1553 de una familia noble, y que fue, Grande de España, D. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas (Duque de Lerma). En 1601 convenció a Felipe III para trasladar la corte a Valladolid. Meses antes él compró terrenos a un precio irrisorio y luego se le vendió,

entre otros, al propio rey a un precio muy superior. Posteriormente al bajar los precios en Madrid volvió a comprar. Con el tiempo se granjeó muchos enemigos y fue nombrado cardenal para evitar un juicio. Decía el dicho popular, expresado por el Conde de Villamediana: “Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado”.

Carlos José Rodríguez, Secretario de Visión Responsable

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