Cuando hablamos de la Responsabilidad Social de las administraciones públicas (RS), todos pensamos en empresas u organizaciones privadas, ya sean grandes o pequeñas. Sin embargo, los principios de sostenibilidad, ética y responsabilidad, deben aplicarse también, y con mayor fuerza si cabe por su poder ejemplarizante, en el ámbito de las administraciones públicas.
En los últimos años, las políticas deResponsabilidad Social han entrado con fuerza en la mayoría de los gobiernos europeos y de otros países, estimulando las prácticas más adecuadas en relación con la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, la integración social, y sobre todo la crisis climática y el desarrollo sostenible.
El origen de la Responsabilidad Social de la Administración Pública nace del Consejo de la Unión Europea quien indicó tanto en su Resolución del Consejo de 29 de noviembre de 2001 relativa al seguimiento del Libro Verde, como en la Resolución de 10 de enero de 2003 relativa a la responsabilidad social de las empresas, la necesidad de la Administración Pública de “incorporar, si procede, los principios de RSE en su propia gestión”.
En España, de acuerdo con la legislación comunitaria en materia de contratación pública, en la ley de contratos del sector público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014) se han recogido cláusulas de naturaleza social y ambiental, como la contratación de personas con especiales dificultades o compromisos medioambientales.
También la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres recoge políticas de estímulo junto con nuevas obligaciones, como la obligatoriedad de tener el plan de igualdad.
No es fácil dar una definición de RSA que difiera mucho de lo que entendemos por RSE (Responsabilidad social empresarial), a fin de cuentas, es un concepto parecido, pero teniendo en cuenta las particularidades del sector público. Por ello, partiendo de la base de que es el bien común el elemento central que da valor a la actividad de las administraciones, la RSA debe basarse en la implementación de un sistema de gestión que integre criterios de buenas prácticas (económicas, ambientales, laborales, de buen gobierno o transparencia, entre otras), teniendo en cuenta los intereses de todos sus grupos de interés.
La incorporación de la RS en la Administración pública, por tanto, implica tener en cuenta a todos sus grupos de interés, lo que requiere cambios en los procesos de toma de decisiones. Un grupo de interés fundamental, es la ciudadanía y en este sentido la Administración Pública –en sus niveles local, regional y estatal– ha puesto en marcha iniciativas participativas facilitando la toma de decisiones. Un buen ejemplo a nivel de administración local, es la puesta en marcha de los Presupuestos participativos por parte del Ayuntamiento de Valladolid, a través de los cuales se da voz a la ciudadanía local para poder decidir en qué se invierte una parte del presupuesto municipal. Está claro que nadie mejor que los propios vecinos y vecinas para conocer las necesidades y expectativas de una ciudad.
Actualmente los gobiernos se enfrentan a un desafío social importante a causa de la pandemia del COVID-19, y tienen que responder ante la sociedad, teniendo en cuenta la parte económica, social y medioambiental. Además, y debido a los casos de corrupción que han salido a la luz en los últimos años, existe una baja confianza de la ciudadanía en las instituciones. Es preciso afrontar este reto de manera urgente, así como determinar claramente los ámbitos en los que tenemos que actuar. La información y la transparencia son clave para generar confianza en la Administración Pública.
Ante esta realidad, debemos analizar el modelo de Administración Pública que queremos y valorar medidas a incorporar que se adapte a una sociedad abierta y participativa. Una Administración Pública centrada en los derechos y las necesidades de la ciudadanía, transparente y que implique a todas las partes interesadas.
Si bien es cierto que la pandemia ha ralentizado la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la situación actual puede convertirse en una ocasión idónea para alinear la RS con las políticas las Administraciones Públicas, ante este nuevo escenario que plantea el mayor de los desafíos a nivel mundial.
De esta grave crisis mundial del Covid-19, debemos extraer muchos aprendizajes para poder avanzar, y hacerlo a todos los niveles: social, económico, humanitario, sanitario…y es precisamente en la Agenda 2030 donde tenemos una magnifica hoja de ruta para conseguir un desarrollo sostenible y que sea para todos, sin dejar a nadie atrás. Las Administraciones Públicas, en este sentido, tienen un papel de liderazgo fundamental y deben tomar el mando e involucrar a todos los sectores de la economía y de la sociedad.
“La crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en los momentos de crisis, surgen las grandes oportunidades” Albert Einstein
Beatriz Ovejero
Vocal Junta Directiva de Visión Responsable